Gerente y sub gerente del
Hospital Piloto involucrados en corrupción
Cinco exdirectivos y tres
particulares fueron acusados formalmente por la Fiscalía por, supuestamente,
apropiarse de $3.411 millones que hacían parte de contratos irregulares para la
compra de medicamentos.
Coomeva precisó que durante esta
investigación se acreditó como víctima del desfalco de sus exdirectivas.
Un nuevo capítulo se escribió en
la historia reciente de los casos de corrupción que desangraron los recursos
para la salud de los colombianos. La Fiscalía acaba de acusar formalmente a
ocho personas —entre ellas cinco exdirectivos de la institución— por los
delitos de peculado por apropiación, contratos sin requisitos legales y
celebración indebida de los mismos. El denunciado desfalco se originó por
varios contratos con notables sobrecostos que se firmaron entre la entidad y la
empresa Medicamentos de Occidente para la atención especial de pacientes con
VIH y las cirugías de implantes articulares de cadera y rodilla.
En la resolución de acusación de
439 páginas, la Fiscalía vinculó a los tres socios de Medicamentos de Occidente
(Jairo Alfonso Estarita Monroy, Édgar Antonio Ricardo García y Marina
Concepción Carbonell Jimeno), el exgerente general de Coomeva Laureano Guevara,
la exgerente nacional de salud Melba Lucía Flórez Toro, el exdirector de
medicamentos Carlos Arturo Parra Orozco, el exrepresentante legal Jorge
Humberto Céspedes Ibarra, el exdirector médico Manuel Humberto León Avellaneda y su asistente Jennifer ribera arias. Estos dos últimos fueron nombrados
actualmente por el alcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez como gerente y sub
gerente del Hospital Piloto de ese municipio.
En 2005 se dio inicio a la investigación
penal. Todo comenzó el 23 de septiembre de ese año cuando un asociado de la
entidad envió un derecho de petición en el que advertía de una serie de
irregularidades que se estaban presentando al interior de varias empresas que
conformaban la Cooperativa Coomeva. En ese momento, la entidad abrió sus
puertas a la Fiscalía y emergieron las primeras pistas del presunto desfalco.
Uno de los aspectos que más llamó
la atención de las autoridades fue que la empresa Medicamentos de Occidente se
constituyó seis meses antes (fue creada el 16 de octubre de 2001) de empezar a
firmar los multimillonarios contratos que llegaron a sumar $35.000 millones.
Para la Fiscalía, los directivos de Coomeva otorgaron “una contratación de unas
características muy especiales, sin efectuar ningún estudio que permitiera dar
cumplimiento a lo dispuesto en el principio de economía”. Asimismo, encontraron
que los precios que ofrecía la empresa estaban por encima del valor que
establecía el mercado.
Más grave aún, para la Fiscalía
la empresa Medicamentos de Occidente en realidad no ofrecía un servicio
diferente al que podría prestar alguna dependencia de Coomeva, por lo que no
era concebible que obtuvieran ganancias netas por el 10% de la contratación. En
cifras: $3.411 millones que pertenecían a los recursos de la Salud.
Supuestamente, la firma contratista tenía como objetivo “la distribución y
dispensación de medicamentos, programas de salud, compra y venta de insumos
para la salud, contratación con clínicas y hospitales médicos para ofrecer
programas de salud”.
Pero la Fiscalía puntualizó que
“era una contratación especial la realizada con Medicamentos de Occidente, en
la medida que se trató de una de las primeras realizada a nivel nacional por
Coomeva EPS, para un tema tan importante como lo es el de la atención integral
de pacientes VIH, que requería de una empresa con experiencia en la atención de
pacientes con dicha patología. Sin embargo, se contrata con un intermediario
sin ningún tipo de experiencia en atención en salud, y menos en dicho campo
especializado, el cual había sido recientemente constituido en Cámara y
Comercio y no poseía un capital que permitiera vislumbrar la correcta ejecución
del contrato y su cumplimiento, lo cual quedó reflejado en la necesidad de
otorgarle anticipos multimillonarios para poder dar inicio a la ejecución del
contrato”.
Y agregó el ente investigador que
“no sólo se trató de los sobrecostos en la prestación del servicio de atención
de pacientes VIH, que se evidencia en el hecho que se presentó una disminución
sustancial en el precio a través del tiempo, sino los sobrecostos en las
cirugías de implantes articulares de cadera y rodilla, tal y como ha quedado
claro en los diferentes informes de policía judicial, el dictamen contable, y
los diferentes informes de auditoría que obran en las presentes diligencias
(...) si bien la actividad comercial debe generar un lucro al prestador, en
este caso, tratándose de una simple labor de intermediación, que no conllevó
ninguna prestación de servicio, nos resulta desproporcionada una ganancia para
el intermediario como la reportada en diciembre”.
Al iniciar la investigación
formal, la Fiscalía revisó los extractos bancarios de los implicados y
transacciones de los beneficiarios de los recursos que giraba Medicamentos de
Occidente. Movimientos bancarios realizados en cuentas de Laureano Novoa
Guevara entre los años 2001 a 2007, de Héctor Alfonso Parra Quintero entre los
años 2002 a 2003, de Melba Flórez Toro para los años 2002 a 2006, de Jairo
Alfonso Estarita Monroy para los años 2001 a 2007, de Édgar Antonio Ricardo
García entre 2000 a 2007 y de Manuel Humberto León Avellaneda durante 2005 y
2007.
Asimismo, se recepcionaron
decenas de declaraciones de antiguos empleados de Coomeva, especialmente, de
los asistentes de los hoy implicados que le revelaron a la Fiscalía la forma en
que operaban los exdirectivos. A su vez, Coomeva emitió un comunicado en el que
revelaba que desde 2007 ellos promovieron la investigación penal porque las
irregularidades fueron advertidas por una serie de auditorías internas y
externas que realizó la EPS.
“Es de anotar que en el citado
proceso Coomeva EPS se constituyó como parte civil, para obtener el
resarcimiento de los perjuicios que dicha contratación le causó, por lo cual la
determinación adoptada hoy por la Fiscalía, constituye un paso más dentro del
trámite procesal de este tipo de investigaciones (...) los hechos registrados
corresponden a una investigación promovida por la misma organización, que en su
momento derivó en medidas administrativas correctivas, otras de tipo financiero
y las penales”, precisó en su comunicado la entidad.
La actual gerente del hospital
piloto de Jamundí Jennifer ribera arias
fue vinculada laboralmente a Coomeva eps como cuota política del senador de
cambio radical José Luis Pérez quien habría pagados favores políticos a uno de
sus líderes en el municipio de Jamundí, el actual secretario general de la alcaldía
César Hernando Rodríguez Ramos.
La procuraduría regional investiga
el proceso de nombramiento de la gerente del centro médico ya que el alcalde
municipal de Jamundí no realizo el estudio pertinente para este cargo.
El 20 de enero de 2020 el alcalde
de Jamundí realizo contratación con el señor Humberto León Avellaneda. Numero
de proceso contractual 34-14-08-037 por valor de $ 25.485.560 hasta el 30 de
abril del presente año, prestación de servicios profesionales especializados
como médico y cirujano para brindar apoyo a la secretaria de salud de la alcaldía
del municipio de Jamundí. Se convierte
en un acto irregular la posterior contratación del señor Avellaneda como sub
gerente del hospital Piloto sin haber terminado su contratación inicial.
A la fecha los dos funcionarios
no presentan antecedentes penales o disciplinarios debido a que la fiscalía general
de la nación y los jueces correspondientes han emitido un fallo definitivo al
desfalco en que se vieron involucrados Jennifer ribera arias y Manuel Humberto
León Avellaneda. Pero actualmente tienen investigaciones por desfalco a los
dineros de la salud.
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